El Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, en cuya organización ha participado el Ayuntamiento de Alhama de Granada a través de la Concejalía e Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer, recurso cofinanciado por el Instituto Andaluz de la Mujer, reunió los pasados 24 y 25 de marzo en Maracena a distintos expertos en esta materia, para buscar el impulso de medidas «efectivas» para su erradicación.

Dichas medidas, forman parte de la hoja de ruta consensuada en un primer encuentro estatal celebrado el pasado año en Mérida, y son fruto del trabajo conjunto y coordinado de víctimas, profesionales y expertos de todos los ámbitos afectados como el jurídico, sanitario, social, policial y educativo.

Tras ese primer encuentro, considerado «un hito» en la lucha de las mujeres víctimas de violencia vicaria y violencia de género institucional, este segundo pretende concretar aquellas medidas consideradas imprescindibles para avanzar hacia una auténtica justicia y reparación a las víctimas.

Entre otras medidas se ha llevado a cabo la creación de un proceso de consulta, impulsado durante los últimos dos meses, sobre qué medidas de la hoja de ruta estatal son consideradas prioritarias y, por tanto, es urgente su puesta en marcha.

Dicha consulta ha obtenido la respuesta y participación de más de 400 personas, en su mayoría profesionales de los ámbitos implicados en estas violencias machistas.

Además, se presentaron los resultados del Informe «Violencia institucional contra las madres. Aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP)», que analiza más de cien sentencias de guardia y custodia y cuarenta casos en las que los menores fueron «arrancados» de sus madres cuando éstas intentaron protegerles de los abusos sexuales o maltratos de su progenitor.

Se trata del primer estudio elaborado en España sobre violencia de género institucional y ha sido llevado a cabo por equipos de la Universidad Complutense, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alicante.

Esta investigación, informaron, demuestra que existe «un patrón» en la manera de proceder judicialmente ante casos de litigio por la guarda y custodia de los hijos, cuando se denuncia que estos sufren violencia sexual o malos tratos por parte del progenitor.

En esos casos se acusa a las madres de «orquestar» toda una serie de engaños para separar al padre de dichos hijos y, en nombre de los derechos del padre, se vulneran los de la infancia a niveles que podrían denominarse «de tortura», han explicado.

Está actividad ha estado financiada con cargo a los créditos recibidos del ministerio de igualdad secretaria de estado de igualdad y contra la violencia de género del pacto de estado